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⚖️Poder Legislativo

Qué es el fuero y la declaración de procedencia en México

Qué es el fuero constitucional, a quién cubre, cómo vota la Cámara de Diputados la declaración de procedencia y en qué se distingue del juicio político.

2 de noviembre de 2026

Qué es el fuero y la declaración de procedencia en México

El fuero constitucional, que en el lenguaje cotidiano se conoce como “fuero” o “inmunidad”, no impide que un servidor público sea investigado ni lo protege de cualquier responsabilidad. Lo que establece la Constitución es un requisito previo: para que se pueda proceder penalmente contra ciertos cargos, mientras están en funciones, la Cámara de Diputados debe declarar primero si “ha lugar a proceder”. Ese trámite se llama declaración de procedencia y popularmente se le dice “desafuero”.

Este artículo explica, con base en el texto vigente de la Constitución (con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2026), qué cargos están cubiertos, cómo se decide, qué efectos tiene y en qué se diferencia del juicio político.

¿Qué es el fuero y qué no es?

La Constitución federal prevé dos mecanismos distintos para tratar la responsabilidad de ciertos servidores públicos. El primero es la declaración de procedencia (artículo 111), que se refiere a delitos del orden penal. El segundo es el juicio político (artículo 110), que se refiere a faltas de carácter político y puede terminar en destitución e inhabilitación.

Además, el artículo 61 establece una protección distinta: las diputadas, diputados, senadoras y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y no pueden ser reconvenidos por ellas. Esa inviolabilidad se refiere a las opiniones expresadas en el ejercicio de la función legislativa; no es lo mismo que el requisito de procedencia para un proceso penal.

El mismo artículo 61 señala que la presidencia de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de sus integrantes y por la inviolabilidad del recinto donde sesionan.

Por último, el artículo 111 aclara que en demandas del orden civil contra cualquier servidor público no se requiere declaración de procedencia. Es decir, el requisito solo opera para procesos penales.

¿A quiénes cubre la declaración de procedencia?

El primer párrafo del artículo 111 enumera los cargos federales para los que se requiere la declaración de la Cámara de Diputados antes de proceder penalmente por delitos cometidos durante el encargo:

La lista se ha modificado varias veces; el propio texto constitucional indica que el párrafo fue reformado, entre otras fechas, el 15 de septiembre de 2024. Por eso conviene consultar siempre el texto vigente en el sitio de la Cámara de Diputados.

  • Diputadas y diputados y senadoras y senadores del Congreso de la Unión.
  • Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • Magistradas y magistrados del Tribunal Electoral.
  • Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y personas integrantes del Pleno del órgano de administración judicial.
  • Titulares de las secretarías de Despacho.
  • La persona titular de la Fiscalía General de la República.
  • La consejera o consejero presidente y las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El caso de la Presidencia de la República

La Presidencia tiene un régimen propio. El artículo 108 prevé que, durante el tiempo de su encargo, la persona titular del Ejecutivo federal puede ser imputada y juzgada por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

Por su parte, el artículo 111 señala que, para proceder penalmente contra el Presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, y que el Senado resolverá con base en la legislación penal aplicable. Ambos párrafos fueron reformados el 19 de febrero de 2021, según consta en el texto constitucional.

¿Cómo se decide en la Cámara de Diputados?

El artículo 111 dispone que la Cámara de Diputados declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra la persona inculpada.

De acuerdo con una publicación de la Biblioteca de la Cámara de Diputados sobre el procedimiento (fechada en 2005, por lo que conviene contrastarla con la ley vigente), el trámite sigue en general las reglas del juicio político previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Según ese documento, el proceso puede iniciar con una denuncia o querella de una persona particular o con un requerimiento del Ministerio Público, y la Sección Instructora de la Cámara emite un dictamen sobre si existe el delito, si hay probable responsabilidad y si subsiste el fuero. Luego, la Cámara se erige en jurado de procedencia, escucha a las partes y vota.

La Constitución añade que las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores en esta materia son inatacables, es decir, no pueden impugnarse mediante recursos ordinarios.

¿Qué pasa después de la votación?

El artículo 111 prevé dos escenarios distintos:

El artículo 112 agrega que no se requiere declaración de procedencia cuando alguno de esos servidores públicos comete un delito mientras está separado de su encargo. Si regresa a sus funciones o es nombrado para otro de los cargos enumerados, se procede conforme al artículo 111.

  • Si la resolución es negativa, se suspende todo procedimiento ulterior. Sin embargo, la imputación puede continuar cuando la persona inculpada concluya su encargo, porque la resolución no prejuzga los fundamentos de la imputación.
  • Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, la persona queda a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.
  • El efecto de esa declaración es separar a la persona de su encargo mientras esté sujeta a proceso penal. Si el proceso termina en sentencia absolutoria, puede reasumir sus funciones.
  • Si la sentencia es condenatoria y el delito se cometió durante el ejercicio del cargo, no se concede el indulto.

Gobernadores, diputaciones locales y otros cargos estatales

Para los delitos federales, el artículo 111 extiende el procedimiento a las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, las diputadas y diputados locales, magistraturas de los tribunales superiores de justicia estatales, integrantes de los tribunales de disciplina y órganos de administración judicial locales, y personas integrantes de organismos autónomos que las constituciones locales reconozcan.

En esos casos, el texto constitucional señala que la declaración de procedencia será “para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”. Es decir, la Cámara de Diputados federal emite la declaración y la comunica al congreso estatal correspondiente.

Algo similar ocurre en el juicio político: según el artículo 110, para gubernaturas, diputaciones locales y otros cargos estatales solo procede por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales, o por manejo indebido de fondos y recursos federales, y la resolución es declarativa y se comunica a las legislaturas locales.

Cada entidad federativa regula en su propia constitución y en sus leyes lo relativo a los delitos del fuero común y a los cargos locales, por lo que las reglas pueden variar de un estado a otro. Para conocer a las personas que integran el congreso de tu estado, puedes usar https://quienmerepresenta.com/estados.

Diferencias con el juicio político

El juicio político (artículo 110) tiene otra finalidad: las sanciones consisten en la destitución y la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones en el servicio público. La Cámara de Diputados actúa como órgano de acusación, previa declaración de la mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión, y la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplica la sanción mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes.

En cambio, la declaración de procedencia no determina culpabilidad: solo decide si se levanta la protección procesal para que la justicia penal pueda actuar. La culpabilidad, en su caso, la determina un juez en el proceso penal.

Cómo consultar más y qué puede hacer la ciudadanía

Si quieres revisar el texto exacto, el sitio de la Cámara de Diputados publica la Constitución con su historial de reformas, y la Gaceta Parlamentaria permite ver las iniciativas que proponen modificar estas reglas. También puedes identificar a tus representantes federales y locales en https://quienmerepresenta.com/buscar y escribirles para conocer su postura sobre cualquier iniciativa en la materia.

Recuerda que el fuero no es una condición personal, sino una regla del cargo: aplica solo mientras la persona ocupa alguno de los puestos enumerados y únicamente en materia penal. Contrastar el texto vigente con las noticias es la mejor manera de entender cada caso concreto.

Este artículo se preparó con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y fue revisado por el equipo de ¿Quién Me Representa? antes de publicarse. Si encuentras un error, escríbenos en https://quienmerepresenta.com/contacto.

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